Saturday, 17 May 2014

Evaluando políticas para la financiación del transporte público.

Hace unos días, navegando por Internet, me topé con un documento que intentaba dar respuesta a un par de preguntas que vengo formulándome desde hace tiempo: ¿Qué medidas pueden llevarse a cabo para financiar el transporte público? ¿En qué grado éstas son efectivas? Y aprovechando que en cierta medida esta relacionado y complementa el anterior post, he decidido dedicarle unas líneas.

El documento en cuestión es un Paper realizado por Todd Litman del Victoria Transport Policy Institute titulado Local Funding Options for PublicTransportation (Opciones de financiación local del transporte público). En él se evalúan 18 propuestas posibles para financiar políticas de transportes y otros servicios desde 8 criterios, teniendo en cuenta su efectividad tanto el corto y largo periodo.

Las propuestas planteadas no son fórmulas revolucionarias, sino que son un compendio de algunas experiencias llevadas a cabo en distintos lugares que tienen en común la relativa facilidad de implantación y han demostrado, en mayor o menor medida, ser efectivas. Por ello, el análisis parte de una breve descripción de la amplia biografía de estudios previos que han descrito y evaluado  estas propuestas de financiación y mejora del transporte público.

A partir del breve análisis de las experiencias recopiladas, se somete cada una de las 18 propuestas a los criterios utilizados: ingresos potenciales, previsibilidad y estabilidad, equidad horizontal (impacto sobre colectivos de la misma riqueza, necesidades y capacidades), equidad vertical (impactos que aumenten la diferencia entre colectivos de diferente riqueza, necesidades y capacidades), impacto sobre los viajes (cómo y cuanta gente viaja), objetivos de desarrollo estratégico, aceptación pública y facilidad de implantación.

Una vez evaluadas todas las propuestas se llegan a unas conclusiones, donde Todd Litman nos advierte que la evaluación tiene cierta subjetividad debido a los condicionantes ambientales, sociales y económicos propios, tanto de los estudios consultados como del propio evaluador.

No obstante, sigue siendo un estudio realizado por profesionales que han intentado dar respuestas razonadas de la forma más objetiva posible, de las cuales se pueden extraer algunas reflexiones interesantes en cuanto al impacto que estas tienen al implantarse.

Las medidas planteadas sometidas a análisis son las siguientes:
  • Aumento de tarifas.
  • Bonos especiales para colectivos.
  • Impuesto a la propiedad dedicadas al tte. público.
  • Impuesto de valor añadido a algunos productos; hoteles vehículos de alquiler, hoteles…
  • Impuestos en los carburantes.
  • Tasas por el registro de vehículos en la región.
  • Impuestos gravados a los servicios públicos consumidos: agua, electricidad, saneamiento etc.
  • Impuesto añadido a la renta de los trabajadores.
  • Peajes
  • Tasa por kilómetro recorrido por vehículo.
  • Pago por el aparcamiento en superficie; zona naranja y zona azul en España.
  • Impuesto a la propiedad a los aparcamientos de no residentes.
  • Carga adicional al pago por aparcar en aparcamientos de libre acceso privados.
  • Cargas a los nuevos desarrollos urbanísticos o cuotas por impactos al sistema de transporte.
  • Captura de rentas a las plusvalías producidas por un buena conectividad con el tte. público.
  • Concesiones de servicios en estaciones.
  • Vender los derechos a construir encima de estaciones.
  • Publicidad.

En general todas las medidas tienen sus ventajas e inconvenientes y su mejor o peor funcionamiento dependerá no solo de la cantidad de la recaudación, aceptación popular y facilidad de implantación, sino de los efectos que pueda producir en el sistema urbano, ya que las 18 propuestas pueden ser utilizadas para conseguir otros objetivos no relacionados directamente con la explotación, o todo lo contrario, producir efectos adversos en el caso que estén mal implementadas.

Lo que si deja patente es la necesidad de que las fórmulas de financiación deben ser estructuradas para maximizar beneficios y minimizar problemas. Esto se consigue persiguiendo dos máximas: distribuyendo lo más equitativamente los costes entre los diversos agentes y asegurando la estabilidad de las medidas en el tiempo.

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